https://politica.elpais.com/politica/2018/06/20/actualidad/1529490690_716047.html 

El Tribunal Constitucional, el equivalente español de la Corte Suprema en los EE.UU, ha aprobado una sentencia que permite las Comunidades Autónomas implicar zonas donde fracking (la fractura hidráulica) es excluido, restringido o permitido. Esta sentencia es importante porque desde 2014 El Constitucional había vetado las solicitudes para prohibir esta manera de extracción de gas natural (fue debajo de la jurisdicción del gobierno central), y ahora está avalando la norma que Castilla-La Mancha aprobó contra fracking en 2017.

La sentencia está siguiendo muchos años de activismo y regulación en España contra fracking como con el grupo “Fracking Ez” del país Vasco y la prevención del permisos en varias comunidades como Cataluña, Castilla y León y Cantabria. Además, el Partido Popular promocionaba las ventajas económicas de fracking desde 2011 en el gobierno a pesar de que es muy polémico a causa de sus efectos dañinos por el medio ambiente.

El martes el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, dijo que “En Castilla-La Mancha no hay ‘fracking’ hoy ni lo habrá en el futuro” y “espero que esta sentencia siente jurisprudencia y se pueda impedir el ‘fracking’ en todo el país”.

España ya produce casi 16% energía limpia como del sol o del viento, pero este tiene sus propios problemas, como el costo muy alto de electricidad.

 

Preguntas posibles para discutir:

¿Cómo afecta el costo más alto de las maneras limpias de producir energía nuestra responsabilidad de proteger el medio ambiente? 

¿Quién debe pagar por los medios más limpias de producir energía? ¿El gobierno, el consumidor o alguien más?

¿Qué pensáis sobre este ejemplo del papel de presiones sociales en el cambio de políticas medioambientales?

El Constitucional abre la puerta a que las comunidades declaren zonas libres de ‘fracking’

Castilla-La Mancha marca el camino al resto de autonomías para impedir esta técnica de extracción de gas

El Tribunal Constitucional abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan declarar libres de fracking zonas dentro de su territorio. Este tribunal ha ido vetando desde 2014 los intentos de varios Gobiernos autonómicos por impedir el uso de esta técnica de extracción de gas del subsuelo. Lo hacía ante los requerimientos del Gobierno central, que entendía que las autonomías invadían sus competencias. Sin embargo, el Constitucional ha avalado la vía propuesta por Castilla-La Mancha, que implica hacer zonificaciones del territorio donde el fracking quede excluido, restringido o permitido. Esta técnica no se ha usado aún en España.

Protesta en 2015 en Medina de Pomar (Burgos) contra el fracking.
Protesta en 2015 en Medina de Pomar (Burgos) contra el fracking. CESAR MANSO (AFP)


Desde que el PP llegó a La Moncloa en 2011 los intentos por impulsar la extracción de gas esquisto a través de la fractura hidráulica desde la Administración central fueron una constante. Se modificaron leyes e, incluso, se cambió la Ley del Sector de Hidrocarburos para que los Ayuntamientos y propietarios de terrenos se beneficiaran económicamente de las explotaciones de los yacimientos de este gas.
Pero la oposición a esta técnica no se quebró en España. El problema ha residido desde el principio en la forma en la que se extraer este tipo de gas no convencional del subsuelo. Para poder sacarlo es necesario romper la roca en la que se aloja a través del fracking, que consiste en inyectar a través de los pozos agua a presión mezclada con arena y varios productos químicos. La oposición a la técnica (por sus posibles afecciones a los acuíferos, por ejemplo) arrancó entre los grupos ecologistas y, de ahí, pasó a algunos Ayuntamientos (que aprobaron mociones) y a varios Gobiernos regionales, que empezaron a legislar para impedir el uso del fracking.

Cantabria, La Rioja y Navarra aprobaron leyes en las que directamente establecían la prohibición de emplear esta técnica de extracción de gas no convencional dentro de su territorio. Y el Constitucional anuló todas esas normas en 2014 y recordó a los Gobiernos regionales que las competencias en materia de planificación energética eran del Estado.

Cataluña y País Vasco intentaron seguir otro camino. No figuraba en sus normas la prohibición absoluta, pero si se introducían cambios en diferentes leyes sectoriales (las competencias mediambientales o urbanísticas están en manos de las autonomías) que hacían prácticamente inviable el empleo del fracking. El Constitucional también anuló esta vía. Primero la de Cataluña, en 2016, y luego la del País Vasco, en 2018. Esta última sentencia salió adelante con un voto particular que firmaban tres magistrados contra el fallo.

“Una norma novedosa”

Castilla-La Mancha aprobó en 2017 su norma. Y el Constitucional entiende ahora que la del Ejecutivo de Emiliano García-Page es “una norma novedosa y no examinada hasta la fecha, consistente en habilitar a la Administración autonómica para que esta efectúe una zonificación del territorio de la comunidad autónoma”. Y dentro de esa zonificación, prosigue la sentencia, se delimiten “áreas donde la técnica del fracking quede excluida, restringida o permitida”. Remarcan los magistrados que esta es una vía diferente y que “no procede anticipar ni hacer hipótesis sobre los resultados de esa zonificación que se encomienda a la Administración”.

Para llevarlo a cabo, el Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que elaborar ahora un plan estratégico que contenga esa zonificación. Y la Junta ya avanzó ayer que en ese plan se vetará el uso de esta técnica.

La burbuja del fracking en España (y en gran parte de Europa) se pinchó gracias en gran parte a la presión social contra esta técnica, que encontró el rechazo en muchos Consistorios afectados y algunas comunidades autónomas, que se movilizaron para legislar en su contra. También en el Congreso los pronunciamientos de la mayoría de partidos contra el fracking se hicieron habituales.

Cuando el debate se estaba iniciando, cinco compañías (que lideraban el movimiento profracking) constituyeron una plataforma: Shale Gas España. Todas han acabado renunciando a sus proyectos en España.