El Tribunal Constitucional, el equivalente español de la Corte Suprema en los EE.UU, ha aprobado una sentencia que permite las Comunidades Autónomas implicar zonas donde fracking (la fractura hidráulica) es excluido, restringido o permitido. Esta sentencia es importante porque desde 2014 El Constitucional había vetado las solicitudes para prohibir esta manera de extracción de gas natural (fue debajo de la jurisdicción del gobierno central), y ahora está avalando la norma que Castilla-La Mancha aprobó contra fracking en 2017.
La sentencia está siguiendo muchos años de activismo y regulación en España contra fracking como con el grupo “Fracking Ez” del país Vasco y la prevención del permisos en varias comunidades como Cataluña, Castilla y León y Cantabria. Además, el Partido Popular promocionaba las ventajas económicas de fracking desde 2011 en el gobierno a pesar de que es muy polémico a causa de sus efectos dañinos por el medio ambiente.
España ya produce casi 16% energía limpia como del sol o del viento, pero este tiene sus propios problemas, como el costo muy alto de electricidad.
Preguntas posibles para discutir:
¿Cómo afecta el costo más alto de las maneras limpias de producir energía nuestra responsabilidad de proteger el medio ambiente?
¿Quién debe pagar por los medios más limpias de producir energía? ¿El gobierno, el consumidor o alguien más?
¿Qué pensáis sobre este ejemplo del papel de presiones sociales en el cambio de políticas medioambientales?
El Constitucional abre la puerta a que las comunidades declaren zonas libres de ‘fracking’
Castilla-La Mancha marca el camino al resto de autonomías para impedir esta técnica de extracción de gas
El Tribunal Constitucional abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan declarar libres de fracking zonas dentro de su territorio. Este tribunal ha ido vetando desde 2014 los intentos de varios Gobiernos autonómicos por impedir el uso de esta técnica de extracción de gas del subsuelo. Lo hacía ante los requerimientos del Gobierno central, que entendía que las autonomías invadían sus competencias. Sin embargo, el Constitucional ha avalado la vía propuesta por Castilla-La Mancha, que implica hacer zonificaciones del territorio donde el fracking quede excluido, restringido o permitido. Esta técnica no se ha usado aún en España.
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