Antes de la crisis económica, la pobreza se definía básicamente en función del empleo. Quien no tenía trabajo ni rentas era pobre. Quien sí lo tenía, se libraba de serlo. Ahora las cosas han cambiado y todo se complica. Hay personas con empleo pero que no llegan a fin de mes. Cobran un sueldo, pero están justo en la frontera. Viven en el alambre, con ingresos precarios. Están integrados pero al límite de la exclusión. Si hay un gasto imprevisto, se pasan al otro lado, ese en el que nadie quiere estar. Hay seis millones de personas en España en estas circunstancias (el 13% de la población), que se suman a los 8,6 millones de individuos ya excluidos (el 18,4% del total). Antes el empleo lo condicionaba todo, pero ahora la vivienda es el factor que provoca mayor exclusión social. Un ciudadano con nómina puede cambiar de estatus de un día para otro con una simple subida del alquiler.

La pobreza evoluciona y adopta formas distintas, tal y como refleja el VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, elaborado por la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) y que ha presentado este miércoles Cáritas Española. El trabajo son 598 páginas donde se relata cómo nos ha ido desde antes de la crisis (2007) pasando por su punto de inflexión (2013) y llegando hasta el momento presente (2018).

El vaso medio lleno lo pone que se han recuperado los niveles previos a la crisis en el caso de la integración plena, alcanzando cifras superiores al 48% e igualando la situación de 2007. La mitad de la población disfruta de integración plena y no se encuentra afectada por ningún rasgo de vulnerabilidad. Esta integración plena ha aumentado en el último lustro del 34% al 48%, lo que significa una mejora del 42%.

El vaso medio vacío tiene que ver con los que menos poseen, y ahí no hemos avanzado: 8,6 millones de personas se encuentran en el espacio de la exclusión social; son el 18,4% de la población. Suponen 1,2 millones más que en 2007, cuando el porcentaje era del 16%, aunque también es verdad que ha bajado en los últimos años, pues en 2013 se registró un pico que llegó al 25%.

Dentro de esa exclusión hay un tramo más concreto de exclusión severa, que afecta a 4,1 millones de personas (el 8,8%). Ahí se ha producido un aumento del 40% respecto a hace una década. Los pobres más pobres son más pobres y más numerosos que antes. De esos 4,1 millones, hay 1,8 en una situación límite, “casi sin posibilidad de retorno”.

“Podría hablarse de una recuperación a dos velocidades, que provoca un mayor distanciamiento entre los que viven una participación social integrada y quienes transitan por los espacios más alejados de la exclusión”, advierte el informe, que alerta que, dentro del grupo de los integrados, hay cada vez más personas en el límite: esos seis millones “en una posición de gran debilidad, viviendo tan al día que un ligero empeoramiento de la situación socioeconómica haría que sus posibilidades de transitar hacia situaciones de exclusión sean muy elevadas”.

Estas personas son carne del populismo y del malestar. “Muestran un espacio de integración con bases más débiles y con una exclusión severa que se enquista en la estructura social”.

Esas bases más débiles se reflejan, sobre todo, en un mapa autonómico desigual. Canarias es la comunidad con mayor porcentaje de población en exclusión social (el 29%), seguida de Extremadura (el 23%) y Baleares (el 21,5%). Ya no es la clásica diferencia entre el norte y el sur; ahora se incorpora un eje longitudinal oeste-este que ya se observó en 2013. Son distintas formas de salir de la crisis, en donde Castilla-La Mancha, “una comunidad autónoma tradicionalmente alineada en el eje sur, se ubica ahora más cerca de una situación intermedia”.

¿Por qué Baleares obtiene tan mal resultados? Buena parte de la culpa la tiene el elevado precio de la vivienda.

El informe constata que “la vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social”. “Una vivienda digna se está convirtiendo en un derecho humano inaccesible”, advierte. Y dice también que un parque de alquiler social “casi inexistente”, unido a la “falta casi total de ayudas directas al pago del alquiler” han provocado que el esfuerzo económico que deben soportar los hogares españoles para pagar esta renta haya crecido de forma sostenida en la última década hasta situarse entre los más elevados de Europa.

Las personas que acceden al alquiler son, además, las más vulnerables. Un tercio de los hogares de los dos quintiles más bajos de ingresos y más del 40% de los que sufren exclusión viven en alquiler. Uno de cada 10 hogares es de extrema dificultad para afrontar el coste de la vivienda por encontrarse con una carga excesiva en los cargos de la vivienda.

Y todo ello, en un contexto que tiende al “individualismo” en el que, según denuncia Cáritas, cada vez las personas tienen menos vínculos afectivos y “se está perdiendo el sentimiento de comunidad”. El 51,3% de los individuos está menos dispuesto a ayudar a los demás que hace 10 años. Ha caído el índice de solidaridad y también la disponibilidad a pagar más impuestos a cambio de mejorar la situación de los que peor lo pasan.