SPA 207-S JUNIO 2018

BLOG DE PRENSA ESPAÑOLA

La eutanasia, primera ley de la ‘era Sánchez’

http://www.elmundo.es/espana/2018/06/25/5b2fe549e2704ed0b18b456f.html

La eutanasia es la realización directa o indirecta de la muerte de las pacientes que sufren de una enfermedad incurable. La cuestión de la eutanasia ha sido un tema de conversación para muchos países en las últimas décadas.

En mayo, el PSOE registró la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en el Congreso de los Diputados. La ley propuesta que la eutanasia debería ser parte de la sanidad pública de España, y llama la “muerte digna” como un derecho humano. Mañana, el Congreso va a discutir la ley, que pueda ser el primero acto legislativo del gobierno de Sánchez.

La ley propuesta por el PSOE permitirá a una persona que tiene “una discapacidad grave, un sufrimiento físico y psíquico «intolerable, insoportable e irreversible» o una «altísima» dependencia de otras personas” solicitar la eutanasia. Según la ley, el siguiente proceso vaya a involucrar dos médicos y un panel de ética. El proceso entero, desde la solicitación del paciente hasta la decisión del panel, tomará 32 días.

¿Qué pensáis sobre esta propuesta de ley? ¿Debe ser la eutanasia financiada con dinero público? ¿Cuáles servicios médicos son apropiados para un sistema pública de salud?

El presidente del Gobierno, con la portavoz del PSOE en el Congreso,...

El presidente del Gobierno, con la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. BallesterosEFE

La registró el PSOE en el Congreso el 3 de mayo, antes de que nadie supiera que Pedro Sánchez iba a presentar -y mucho menos ganar- la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ahora, aquella proposición socialista se puede convertir en la primera ley integral de la etapa de Gobierno de Sánchez. Una norma pionera en España y en gran parte de Europa que quiere convertir la eutanasia en un derecho al que se pueda tener acceso en la Sanidad pública.

El Pleno del Congreso del martes la tomará en consideración, según fuentes parlamentarias. El Gobierno y el PSOE dan por hecho que en unos meses esta norma estará aprobada y en vigor al menos con la misma mayoría que hizo a Sánchez presidente. Aún así, los socialistas intentarán sumar también a Ciudadanos.

La proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia plantea incluir la eutanasia como una prestación más en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los pacientes con una discapacidad grave, un sufrimiento físico y psíquico «intolerable, insoportable e irreversible» o una «altísima» dependencia de otras personas y con un diagnóstico realizado por un profesional sanitario podrán pedir la eutanasia de acuerdo con sus «valores vitales».

Como explican los que han redactado la norma, la ley «no entra en la expectativa médica de vida, ni en la velocidad de avance de la enfermedad». Sí se detiene en «lo invalidante que sea el mal que sufre el paciente» o en «el sufrimiento que genera».

Una vez solicitada la eutanasia, y tras ser informado y formado debidamente por un profesional médico, la ley establece la necesidad de contar con una segunda opinión médica. Uno de los redactores de la proposición, el médico y diputado socialista Jesús María Fernández detalla que la norma cuenta con las máximas garantías antes de que se aplique la eutanasia.

Por eso, la petición avalada por los dos médicos se deber dirigir después a un comité ético gestionado por cada comunidad autónoma y compuesto por médicos, juristas y profesionales de reconocido prestigio. Este órgano tendrá la última palabra.

Todo el proceso no podrá durar más de 32 días desde la petición inicial, para evitar esperas indebidas en un proceso que ya es lo suficientemente doloroso en sí. Además, como explican desde el PSOE, los médicos siempre podrán apelar a la objeción de conciencia para no practicarla.

Finalmente, la muerte se puede producir mediante eutanasia activa o a través de un suicidio asistido en el que el paciente toma la medicación que le produce el fallecimiento.

En los años 90, la eutanasia entró en la agenda política por el caso de Ramón Sampedro, un tetrapléjico gallego que reclamó en todos los ámbitos judiciales y legales que se le aplicara la eutanasia o el suicidio asistido, ya que desde los 25 años no podía mover nada más que la cabeza. Su reivindicación no encontró una vía legal de escape y le tuvieron que ayudar a morir. La ley que el presidente del Gobierno y el PSOE quieren ahora aprobar cubriría situaciones similares, imposibles de atender en casi toda Europa.

El Congreso está estudiando, en fase de ponencia, una proposición de Ciudadanos sobre muerte digna que sólo regula cómo aminorar el sufrimiento en los momentos finales de la vida, algo muy distinto a la eutanasia que promueve el PSOE.

Los socialistas llevan meses preparando esta ley, que han expuesto ya a Unidos Podemos y a otros grupos. En opinión de Jesús María Fernández, puede convertirse en «una de las normas más avanzadas de Europa, comparable a las legislaciones de Bélgica Holanda, pero más garantista», al establecer varios filtros antes de que la petición de eutanasia sea atendida.

La legislación internacional sobre la eutanasia es de lo más dispar. En la mayoría de los países hay un vacío normativo, igual que en España, y la asistencia al suicidio normalmente está penado en el Código Penal. En Suiza y en algunos estados americanos está despenalizado el suicidio consentido, explican fuentes socialistas. En Bélgica y Holanda sí existe la eutanasia activa, eso sí, con menos controles previos que los que quiere aprobar el PSOE.

La norma que se empezará a debatir mañana contará al menos con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, ERCPNV y multitud de grupos pequeños que pueden sumar mayoría absoluta en el Congreso. De hecho, fuentes socialistas dan por hecho que se aprobará dentro de unos meses. El PSOE espera, eso sí, la oposición frontal del PP, que en principio rechaza la eutanasia.

El Constitucional abre la puerta a que las comunidades declaren zonas libres de ‘fracking’

https://politica.elpais.com/politica/2018/06/20/actualidad/1529490690_716047.html 

El Tribunal Constitucional, el equivalente español de la Corte Suprema en los EE.UU, ha aprobado una sentencia que permite las Comunidades Autónomas implicar zonas donde fracking (la fractura hidráulica) es excluido, restringido o permitido. Esta sentencia es importante porque desde 2014 El Constitucional había vetado las solicitudes para prohibir esta manera de extracción de gas natural (fue debajo de la jurisdicción del gobierno central), y ahora está avalando la norma que Castilla-La Mancha aprobó contra fracking en 2017.

La sentencia está siguiendo muchos años de activismo y regulación en España contra fracking como con el grupo “Fracking Ez” del país Vasco y la prevención del permisos en varias comunidades como Cataluña, Castilla y León y Cantabria. Además, el Partido Popular promocionaba las ventajas económicas de fracking desde 2011 en el gobierno a pesar de que es muy polémico a causa de sus efectos dañinos por el medio ambiente.

El martes el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, dijo que “En Castilla-La Mancha no hay ‘fracking’ hoy ni lo habrá en el futuro” y “espero que esta sentencia siente jurisprudencia y se pueda impedir el ‘fracking’ en todo el país”.

España ya produce casi 16% energía limpia como del sol o del viento, pero este tiene sus propios problemas, como el costo muy alto de electricidad.

 

Preguntas posibles para discutir:

¿Cómo afecta el costo más alto de las maneras limpias de producir energía nuestra responsabilidad de proteger el medio ambiente? 

¿Quién debe pagar por los medios más limpias de producir energía? ¿El gobierno, el consumidor o alguien más?

¿Qué pensáis sobre este ejemplo del papel de presiones sociales en el cambio de políticas medioambientales?

El Constitucional abre la puerta a que las comunidades declaren zonas libres de ‘fracking’

Castilla-La Mancha marca el camino al resto de autonomías para impedir esta técnica de extracción de gas

El Tribunal Constitucional abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan declarar libres de fracking zonas dentro de su territorio. Este tribunal ha ido vetando desde 2014 los intentos de varios Gobiernos autonómicos por impedir el uso de esta técnica de extracción de gas del subsuelo. Lo hacía ante los requerimientos del Gobierno central, que entendía que las autonomías invadían sus competencias. Sin embargo, el Constitucional ha avalado la vía propuesta por Castilla-La Mancha, que implica hacer zonificaciones del territorio donde el fracking quede excluido, restringido o permitido. Esta técnica no se ha usado aún en España.

Protesta en 2015 en Medina de Pomar (Burgos) contra el fracking.
Protesta en 2015 en Medina de Pomar (Burgos) contra el fracking. CESAR MANSO (AFP)


Desde que el PP llegó a La Moncloa en 2011 los intentos por impulsar la extracción de gas esquisto a través de la fractura hidráulica desde la Administración central fueron una constante. Se modificaron leyes e, incluso, se cambió la Ley del Sector de Hidrocarburos para que los Ayuntamientos y propietarios de terrenos se beneficiaran económicamente de las explotaciones de los yacimientos de este gas.
Pero la oposición a esta técnica no se quebró en España. El problema ha residido desde el principio en la forma en la que se extraer este tipo de gas no convencional del subsuelo. Para poder sacarlo es necesario romper la roca en la que se aloja a través del fracking, que consiste en inyectar a través de los pozos agua a presión mezclada con arena y varios productos químicos. La oposición a la técnica (por sus posibles afecciones a los acuíferos, por ejemplo) arrancó entre los grupos ecologistas y, de ahí, pasó a algunos Ayuntamientos (que aprobaron mociones) y a varios Gobiernos regionales, que empezaron a legislar para impedir el uso del fracking.

Cantabria, La Rioja y Navarra aprobaron leyes en las que directamente establecían la prohibición de emplear esta técnica de extracción de gas no convencional dentro de su territorio. Y el Constitucional anuló todas esas normas en 2014 y recordó a los Gobiernos regionales que las competencias en materia de planificación energética eran del Estado.

Cataluña y País Vasco intentaron seguir otro camino. No figuraba en sus normas la prohibición absoluta, pero si se introducían cambios en diferentes leyes sectoriales (las competencias mediambientales o urbanísticas están en manos de las autonomías) que hacían prácticamente inviable el empleo del fracking. El Constitucional también anuló esta vía. Primero la de Cataluña, en 2016, y luego la del País Vasco, en 2018. Esta última sentencia salió adelante con un voto particular que firmaban tres magistrados contra el fallo.

“Una norma novedosa”

Castilla-La Mancha aprobó en 2017 su norma. Y el Constitucional entiende ahora que la del Ejecutivo de Emiliano García-Page es “una norma novedosa y no examinada hasta la fecha, consistente en habilitar a la Administración autonómica para que esta efectúe una zonificación del territorio de la comunidad autónoma”. Y dentro de esa zonificación, prosigue la sentencia, se delimiten “áreas donde la técnica del fracking quede excluida, restringida o permitida”. Remarcan los magistrados que esta es una vía diferente y que “no procede anticipar ni hacer hipótesis sobre los resultados de esa zonificación que se encomienda a la Administración”.

Para llevarlo a cabo, el Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá que elaborar ahora un plan estratégico que contenga esa zonificación. Y la Junta ya avanzó ayer que en ese plan se vetará el uso de esta técnica.

La burbuja del fracking en España (y en gran parte de Europa) se pinchó gracias en gran parte a la presión social contra esta técnica, que encontró el rechazo en muchos Consistorios afectados y algunas comunidades autónomas, que se movilizaron para legislar en su contra. También en el Congreso los pronunciamientos de la mayoría de partidos contra el fracking se hicieron habituales.

Cuando el debate se estaba iniciando, cinco compañías (que lideraban el movimiento profracking) constituyeron una plataforma: Shale Gas España. Todas han acabado renunciando a sus proyectos en España.


Sánchez premiará a Cataluña con más inversiones en detrimento de las otras 16 autonomías

https://okdiario.com/espana/cataluna/2018/06/20/sanchez-premiara-cataluna-mas-inversiones-detrimento-otras-16-autonomias-2451511

El PSOE (partido socialista obrero español) está aumentando los fondos dado a Cataluña y, al mismo tiempo, negando el aumento de fondos al resto de las Comunidades Autónomas. Aumentará los fondos a través de las inversiones territorializadas. El partido cree que deberían aumentar sus inversiones en proporción a la contribución de Cataluña a toda España. También espera esquivar la conversión de la deuda autonomía en deuda puramente nacional. Piensa que es importante para resolver la crisis de la deuda en Cataluña por extendiendo los acuerdos de reembolsos y aumentando las inversiones estatales para que Cataluña no se desmorone. Este modelo se llama el modelo de perdón de la deuda. Con su plan propuesto, espera resolver las dificultades financieras en Cataluña.

Un otro modelo que el PSOE propone se llama “ordinalidad”. El modelo “limita la solidaridad de un territorio hacia el resto al momento en que las comunidades más ricas pierden posiciones en el orden de renta”. Con este modelo, Cataluña obtendría 4 mil millones de euros.

Ayer, el gobierno anunció que negociará mejoras económicas para cada una de las comunidades autónomas. Sin embargo, esta decision obviamente favorece Cataluña sobre las otras comunidades. Sin duda, habrá polémica sobre esta decision.

 

Preguntas para considerar:

  1. ¿Creéis que el PSOE tomó la decisión correcta de aumentar los fondos de Cataluña?  ¿Es la decisión justo para las otras comunidades?
  2. ¿Cuál pensáis que es la mejor manera de resolver la deuda de Cataluña? ¿Estáis de acuerdo con el modelo de perdón de la deuda?

 

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Pedro Sánchez junto con José Luis Ábalos (Foto: EFE/J.J. Guillén

El PSOE premiará a Cataluña mientras niega el aumento de fondos al resto de Comunidades Autónomas en su financiación. Lo hará a través del reparto de las inversiones territorializadas. Y es que, mientras acaba de decir que la reforma del modelo de financiación autonómica que afecta a todas las regiones no corre prisa ya ha pactado con los separatistas catalanes un aumento de sus inversiones en proporción a la aportación de esta comunidad al conjunto de España.

El PSOE de Pedro Sánchez lleva meses trazando esta ruta negociadora. Y se apoya en la Declaración de Granada. La base de la que se parte es evitar el impacto de la devolución de la deuda con el Estado para esta autonomía. Y eso se hará ampliando los plazos de devolución y asumiendo un incremento de las inversiones del Estado en esta región.

Hay que recordar que fue el propio José Luis Ábalos uno de los defensores del modelo de perdón de la deuda. Ábalos hablaba de Cataluña, pero no negaba su extensión a todas las regiones. Pero, como ya ha dejado claro el PSOE, eso no se puede abordar ahora en el modelo de financiación.

Es más, Ábalos no habló sólo de un nuevo aumento de la inversión destinada a esta región, sino también la conversión de la deuda autonómica en deuda puramente nacional. Es decir, lo que se conoce como mutualizar la deuda catalana: diluir entre todo el territorio español una montaña que, hoy por hoy, supera los 78.000 millones de euros.

La argumentación exterior ya ha sido esgrimida en ocasiones por Ábalos: “El Estado debe contribuir a resolver (la deuda) para que no se colapse la institucionalidad en Cataluña y que pueda atender los servicios que presta”. El plan, por supuesto, supondría mantener un plan de facilidades financieras con cargo a las arcas nacionales hasta que las supuestas dificultades de financiación de Cataluña se solventasen.

La otra pata de esta estrategia de aumento de fondos de Cataluña pasa por las inversiones nacionales territorializadas en esta región. El PSOE ha aceptado ya que se acepte un cierto principio de “ordinalidad” (el que limita la solidaridad de un territorio hacia el resto al momento en el que las comunidades más ricas pierdan puestos en el orden de renta). En el caso concreto de Cataluña, podría suponer un regalo extra de 4.000 millones de euros, la mitad del teórico déficit reclamado por la Generalitat.

Pero en ausencia de una reforma de la financiación autonómica ese importe debería ser materializado en inversiones. Literalmente no podrá ser implementado de golpe en los primeros años ante lo desmesurado del volumen. Pero el plan consisten en un incremento paulatino hasta acercar la cifra al volumen reclamado en el Estatuto catalán tumbado por el TC.

 

La pugna entre Cospedal y Santamaría por el liderazgo abre en dos al PP

https://politica.elpais.com/politica/2018/06/19/actualidad/1529402216_612620.html

Con la reciente y controvertida renuncia forzada del ex primer ministro Mariano Rajoy, han salido a la luz nuevos candidatos a la presidencia del Partido Popular (PP). Hoy mismo, tanto María Dolores de Cospedal y María Soraya Sáenz de Santamaría anunciaron sus candidaturas que, según muchos, están provocando una “batalla interna” dentro del PP. Sin embargo, la batalla entre estas dos mujeres muy capaces comenzó años antes de hoy. En 2008, bajo el mandato de Mariano Rajoy, Cospedal fue elegida secretaria general y Santamaría la portavoz parlamentaria. Hoy, ambas mujeres “se presentan como las defensoras del legado de Rajoy“, aunque, Cospedal claramente tiene el sector más duro y poderoso en su esquina y tiene más años de experiencia en su haber. Debido a la renuncia de Rajoy, Cospedal y Sáenz de Santamaría deberán “confrontar sus distintas concepciones del servicio público, la política y el compromiso con las siglas en su duelo por la presidencia popular“. La pregunta es, ¿esta batalla entre estas dos mujeres testarudas conducirá al descubrimiento de discrepancias dentro del PP?

Además de querer presidir el PP, Cospedal declaró que quiere ser la primera mujer presidenta del gobierno de España.

¿Crees que si alguna de estas candidatas ganara la presidencia del PP, podría haber una posibilidad para una presidenta del gobierno de España?

¿Qué mensaje crees que estas mujeres políticas están enviando a las jóvenes mujeres y niñas? ¿Crees que estas mujeres les están dando esperanza para un mejor tratamiento de las mujeres en el futuro, o una mujer en el poder en general? ¿Crees que esta elección podría ser un punto de inflexión en el movimiento feminista en España?

Además, ¿la batalla entre dos mujeres envía un mensaje malo o muestra desunión entre las mujeres? ¿Si es así por qué?

 

Las dos aspirantes dicen representar los valores de los logros conseguidos por Mariano Rajoy y apelan a la unidad del partido.

La disputa por el poder en el PP ya está servida, es pública y persigue liderar el partido político hasta hace nada más poderoso de España. Diez años después, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría materializarán su largo enfrentamiento luchando por suceder a Mariano Rajoy. Todo empezó en 2008, cuando el líder del partido eligió a la primera como secretaria general y a la segunda como portavoz parlamentaria. El paso del tiempo solo sirvió para contrastar discrepancias profundas en la gestión del PP, la estrategia en Cataluña y la forma en la que el partido debía enfrentarse a los casos de corrupción. Frente a los otros cuatro candidatos, Santamaría y Cospedal se presentan a las urnas como las defensoras del legado de Rajoy y las valedoras del liderazgo ganador que quieren las bases. Sin embargo, los puntos en común son menos importantes que las discrepancias. Cospedal está alineada con el sector más duro del PP y Santamaría pretende perfilarse como una opción más abierta a otros ámbitos de la sociedad.

Finalmente, el sistema de mutuo contrapeso diseñado por Rajoy ha estallado solo diez días después de su renuncia. En consecuencia, Cospedal y Sáenz de Santamaría confrontarán sus distintas concepciones del servicio público, la política y el compromiso con las siglas en su duelo por la presidencia popular, a la que también aspiran el vicesecretario Pablo Casado, el exministro José Manuel García Margallo, el diputado José Ramón García Hernández y el exlíder de Nuevas Generaciones en ValenciaJosé Luis Bayo. No obstante, las dos candidatas aportan tres factores distintivos a la carrera por la presidencia. El peso interno de Cospedal (52 años) y Sáenz de Santamaría (47) es incomparable, por lo que tienen una capacidad de arrastre que pondrá a prueba las costuras del PP y su histórica unidad. Ambas tienen experiencia de Gobierno. Y las dos enarbolarán la bandera de la mujer camino del Congreso extraordinario del PP, que se celebrará entre el 20 y el 21 de julio.

“Quiero ser la primera mujer que presida el PP y quiero ser la primera mujer que presida el Gobierno de España”, ha proclamado este martes Cospedal. “Siento que todo lo que he vivido, toda mi formación y experiencia acumulada, ha sido la mejor preparación de cara al paso que estoy a punto de dar”, ha seguido ante decenas de cargos populares reunidos para la junta directiva del PP de Castilla-La Mancha. “Desde la llamada al servicio y la fe inquebrantable en el PP, os quiero anunciar  que presento mi candidatura”, ha añadido entre los aplausos de sus seguidores. Y ha rematado: “Me presento para ganar, para ganar y para ganar. Ofrezco victoria, victoria y victoria”.

Una hora y media más tarde, frente a la escalinata de los leones del Congreso de los Diputados y bajo un sol tórrido, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría también se ha lanzado al ruedo de esta disputa “con energía, entrega y determinación”. Tras esa declaración de intenciones y de ánimo, Santamaría ha destacado el momento “importante para España y para el PP” y ha valorado que su intención es representar “un proyecto abierto y en positivo para la sociedad, escuchando, cooperando e integrando”. La diputada popular ha elegido el escenario del Congreso muy específicamente porque es dónde labró su primera etapa en política, en el equipo de Rajoy entonces en la oposición, y porque es su única plataforma de poder actual, frente a otros aspirantes. La antigua número dos del Gobierno lleva 14 años de diputada. Y ha subrayado, en público y luego en privado varias veces, que cree que España “necesita un PP unido y fuerte” y ha avanzado que esa es la idea que cree debe fomentarse en esa formación: “El PP es el partido de la unidad y la cohesión de España”.

Todo empezó con Alberto Núñez-Feijóo. La renuncia del presidente de Galicia, oficializada el lunes, no solo reventó el sueño de una candidatura única, acunado por numerosos líderes territoriales como la única receta para evitar la guerra interna. Al contrario, el anuncio de que el favorito no daría la batalla acabó por azuzar a las aspirantes. Cospedal, convienen en el PP, no habría dado el paso si el presidente de Galicia se hubiera presentado. Y Sáenz de Santamaría tanteaba sus apoyos sabiendo que si se presentaba sería una outsider. Ausente el favorito, la campaña arrancará como un ejercicio de contraste entre las propuestas de dos políticas que son polos opuestos: Ideología frente a gestión, ADN popular frente a la tecnocracia, conservadurismo frente a liberalismo.

“Quiero aclarar de forma rotunda que una decisión así no se toma a la contra, contra nadie, sería muy mezquino. Presento un proyecto integrador, en el que cabemos todos”, ha subrayado Cospedal en referencia a Sáenz de Santamaría. Sin embargo, su intervención ha estado repleta de recordatorios de algunas de las críticas que hay en el PP hacia la exvicepresidenta del Gobierno. “Sé lo que es ganar elecciones”, ha dicho Cospedal, que en dos ocasiones se impuso en las autonómicas de Castilla-La Mancha, mientras que Sáenz de Santamaría nunca ha sido candidata a nada. “He dado la cara y siempre la daré. Me la han partido unas cuantas veces, lo sabéis y seguro que lo volverán a hacer”, ha añadido la secretaria general, portavoz popular en los peores momentos del caso Gürtel, cuando los críticos de Sáenz de Santamaría achacaban a la exvicepresidenta que desapareciera y no defendiera a los suyos.

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha aclarado que antes de presentar públicamente su candidatura, que mañana completará con el número de avales y parte de su equipo, decidió llamar a otros de los aspirantes, aunque no localizó por teléfono a Dolores de Cospedal y le dejó un mensaje. La exvicepresidenta ha señalado que su intención con esos contactos era subrayar que en la carrera previsiblemente cruenta que se abre ahora en el PP deberían de guardarse las formas en favor de la unidad, un valor que ese partido había representado hasta ahora en el centro derecha. Santamaría destacó en su presentación que quiere reivindicar el aval de lo logrado en estos años por el Gobierno del “excelente presidente” Mariano Rajoy, y mencionó ahí la creación de empleo y la igualdad de oportunidades, pero también como una militante más: “Represento lo que muchos militantes, la unidad, la responsabilidad y la integridad”.

La exvicepresidenta intentó por todos los medios, en público y en corrillos más restringidos de periodistas, evitar entrar ya en el cuerpo a cuerpo con Cospedal, que había mencionado un poco antes en Toledo que ella sí había dado la cara por el partido durante mucho tiempo. Santamaría ha dicho que no se sentía aludida y ha apelado a que ahora decidan los militantes sobre quién es mejor para encabezar el nuevo proyecto del PP. No le gustó nada la expresión de que ahora se abre una guerra interna en el PP: “Todos somos compañeros y el amor al partido y a España nos une a todos”.

Cospedal ha sido la última candidata en sumarse a la carrera, pero no tiene por qué ser la última. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, tiene hasta las 14.00 del miércoles para decidir si da el paso. A partir de entonces comenzará una campaña electoral que culminará en una doble votación el 5 de julio, cuando los afiliados elegirán qué candidato o candidatos llegan al Congreso del 20 y el 21 de julio, y qué compromisarios deciden al ganador en ese cónclave.

Levy acusa al PSOE de volver a la “confrontación” sobre la memoria histórica

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-06-17/valle-de-los-caidos-memoria-historica_1580143/

Con el cambio del gobierno español, también ha cambiado su posición sobre la memoria histórica en relación con la dictadura de Francisco Franco entre 1939 y 1975. El PSOE, un partido de centroizquierda cuyo líder ahora es el Presidente de España, quiere aprobar una nueva ley de memoria histórica que haría posible exhumar el cuerpo de Franco desde el Valle de los Caídos y trasladarlo a otro lugar. La ley que existe ahora fue aprobada en 2007 con el objetivo de “recuperar y dignificar la memoria de quienes fueron masacrados” por el régimen franquista. Con esta posición, el Presidente Pedro Sánchez quiere mostrar que las víctimas del fascismo no son olvidadas. Para hacerlo, quiere transformar el monumento a Franco en un lugar de reconciliación. Sánchez ha sido activo con respecto a esta tema. En diciembre, propuse su nueva ley en Paterna, donde 2000 personas fueron matadas por el ejército del Franco. Sanchez ha dicho que “ignorando un pasado incómodo no se pude construir un futuro confortable.”

Sin embargo, algunos partidos no están de acuerdo con su posición. El Partido Popular (PP) cree que un ley nuevo sobre la memoria histórica y por lo tanto la exhumación del cuerpo del dictador tendrá el efecto contrario.  La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha dicho que la propuesta del PSOE dividirá a la sociedad y la hará más hostil. Según el PP, es mejor olvidar, perdonar, y seguir adelante.

¿Qué propuesta tiene más sentido? ¿Es mejor olvidar el pasado o revisitarlo con el propósito de la reconciliación?

¿Sabes de otros países con experiencias similares?  ¿Hay ejemplos de la historia polémica en los Estados Unidos?

Levy acusa al PSOE de volver a la “confrontación” sobre la memoria histórica

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha afirmado que el PSOE “siempre que gobierna” busca dar “esas batallas culturales” que “no aportan nada”

Las reacciones al anuncio del secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, sobre “una nueva ley de memoria histórica” que se llevaría a cabo “en lo que queda de legislatura” no se han hecho esperar. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de volver a intentar hacer “sociedades bipolares”.

Según la información publicada por el diario El País, la Ejecutiva del PSOE que se celebrará mañana lunes tratará este asunto, que podría resolverse a través de un real decreto para acelerar la tramitación de la reforma. El PSOE pretende convertir en un proyecto de ley, para su debate y aprobación, la propuesta de modificación de la Ley de Memoria Histórica que en su día registró en el Congreso de los Diputados, antes de la moción de censura que ha situado a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Una medida que, para Levy, es la muestra de que el Ejecutivo pretende “volver a la España de Zapatero de la confrontación y la tensión social“. “Volver a la política de muchos gestos y pocos hechos”, ha añadido.

Para Levy, “siempre que gobierna” busca dar “esas batallas culturales” que “más allá de intentar provocar el enfrentismo no aportan nada”. “La historia de la democracia española es de fraternidad y superación de los momentos más tristes, creo que mirar a nuestra historia nos hace sentirnos muy orgullosos de nuestro presente y de ese futuro de conciliación de consenso“, ha apostillado Levy antes de añadir que “ya no es Zapatero, es Pedro Sánchez quien quiere volver a intentar hacer sociedades bipolares que ya están superadas”, ha insistido al tiempo que ha considerado que los “españoles miran al futuro”.

Inés Arrimadas, durante la visita que ha realizado hoy a una carpa de afiliados de Cs en Barcelona. (EFE)
Inés Arrimadas, durante la visita que ha realizado hoy a una carpa de afiliados de Cs en Barcelona. (EFE)

Ciudadanos, abierto a consensuar

La portavoz nacional de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado que su formación está “abierta a sentarse”con el Gobierno del PSOE para “consensuar una solución” sobre el Valle de los Caídos, ya que “hay que pasar de una etapa de confrontación a una de reconciliación”. En declaraciones a los periodistas, Arrimadas ha pedido a Sánchez “consenso”, aunque ha evitado detallar cuál es la posición concreta de Ciudadanos sobre esta propuesta: “Ya nos posicionamos al respecto en el Congreso en su día”.

El año pasado, Cs votó junto al PSOE y Podemos a favor de una proposición no de ley mediante la que el Congreso pidió exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Además, el pasado marzo, el líder del partido, Albert Rivera, afirmó que la propuesta de Cs es hacer del mausoleo un “lugar de reconciliación”, algo que exigiría sacar de allí los restos de Francisco Franco porque “un dictador no es la mejor persona para reconciliar a una sociedad”. En esa misma línea, Arrimadas ha pedido hoy al Gobierno que “explique qué quiere hacer”, porque “hay que pasar de una etapa de confrontación a una de reconciliación”. “Pero queremos saber cuál es la propuesta”, ha insistido.

“Estamos abiertos a sentarnos y consensuar una solución, que me parece que es necesaria. Pero que Pedro Sánchez lo explique. Lo malo es que Sánchez lleva dos semanas escondido de los micrófonos y tenemos muchas preguntas”, ha sentenciado.

El Supremo confirma la condena y sitúa a Urdangarin a un paso de la cárcel

https://politica.elpais.com/politica/2018/06/12/actualidad/1528786328_480498.html

Ayer, el 12 de junio, el cuñado del Rey de España, o el esposo de la Infanta Cristina que es sexta en línea al trono, Iñaki Urdangarin recibió una sentencia de cinco años y diez meses de la cárcel y una multa alta por “prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales” que están asociados con el Instituto Nóos. El ex jugador de balonmano Urdangarin se convirtió en el presidente del Instituto en 2003 después de su refundación, pero desde 2006 ha habido varias investigaciones sobre las contribuciones parlamentarias. Una investigación judicial sobre las actividades fiscales comenzó en 2010 conocido como el Caso Nóos y ha continuado hasta ahora. Desde entonces, muchas personas han tenido dudas sobre la credibilidad de la Corona e incluso han atribuido la abdicación del Rey Juan Carlos I en 2014 al involucramiento con corrupción. Como un intento de absolver la conexión de la corona con la posible corrupción, el nuevo Rey Felipe VI revocó el Ducado de Palma de su hermana Infanta Cristina y cuñado Iñaki. El Rey también prohibió a cualquier miembro de la Familia Real trabajar en una empresa privada. Pero muchas personas todavía llaman a este escándalo “el principio del fin de un reinado.” En los últimos años, durante muchos juicios en tribunales y otras acusaciones de corrupción dentro de la monarquía de España, el público ha comenzado a dudar de la autenticidad de la Familia Real.

Para mantenerse actualizado, hace clic aquí para ver lo que sucedió recientemente con el Caso Nóos.

Preguntas para considerar:

Dado que España está gobernada por una monarquía constitucional y la Familia Real no tiene mucho poder, ¿creéis que todavía es importante mantener estas figuras de poder? ¿Sería España lo mismo sin una monarquía?

Muchas personas, como mi madre española, creen que es una pena enviar a Urdangarin a la cárcel porque es mala noticia para la Familia Real. Pero para otras personas,  si Urdangarin evitara la cárcel, sería un abuso de poder. ¿Qué pensáis de esto? ¿Estáis de acuerdo?

 

El Supremo confirma la condena y sitúa a Urdangarin a un paso de la cárcel

El alto tribunal impone al marido de la infanta una pena de cinco años y diez meses de prisión por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales

Iñaki Urdangarin, en bicicleta por Ginebra el pasado 21 de febrero de 2017. EFE. VÍDEO: ATLAS

El Tribunal Supremo situó este martes a Iñaki Urdangarin a un paso de la cárcel. El alto tribunal rebajó en cinco meses la condena impuesta por la Audiencia de Palma al marido de la infanta Cristina, pero le impuso una pena de cinco años y diez meses de prisión que, salvo que se adopte una medida excepcional, aboca a la cárcel al marido de la infanta y a su exsocio Diego Torres, condenado a cinco años y ocho meses. La Audiencia de Palma ha citado a ambos mañana miércoles para entregarles el mandamiento de prisión. El tribunal podría instar a su ingreso inmediato o darles unos días de plazo. El Supremo considera probado que Urdangarin cometió delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. El alto tribunal mantiene la responsabilidad de partícipe a título lucrativo de la infanta Cristina por delitos de malversación y fraude a la Administración, pero no por el delito fiscal.

Iñaki Urdangarin se sentó en enero de 2016 en el banquillo, acusado de delitos por los que la fiscalía pedía para él una condena de 19 años y medio de prisión. La Audiencia Provincial de Palma exoneró al cuñado del Rey de parte de los delitos que se le atribuían y le condenó a seis años y tres meses, una pena que el Supremo ha rebajado ahora a cinco años y ocho meses al absolverle del delito de falsedad en documento público. La condena, pese a ser muy inferior a la petición inicial del ministerio público, implicará el ingreso en prisión del marido de la Infanta, salvo que se concedan una serie de medidas excepcionales que pasan por un indulto o por que el Tribunal Constitucional considere que se han vulnerado derechos fundamentales de Urdangarin.

De momento, el Supremo ya envió este martes el fallo a la Audiencia Provincial de Palma para que ejecute la sentencia y el tribunal balear ha citado este miércoles por la mañana al exduque de Palma, a su exsocio y al expresidente balear Jaume Matas para entregarles el mandamiento de prisión. El tribunal balear puede enviarles a la cárcel de forma inmediata o concederles unos días de plazo, la opción por la que se suele decantar la Audiencia en casos similares.

El Supremo se ha tomado tres meses para deliberar sobre los recursos presentados por la fiscalía, Urdangarin, Torres, Matas y otros condenados por el desvío de fondos públicos del Gobierno balear al Instituto Nóos, presidido por el marido de Cristina de Borbón y gestionado por su exsocio, al que conoció en la escuela de negocios ESADE. La sentencia, adoptada por unanimidad de los cinco magistrados de la Sala (Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, que ha ejercido como ponente), deja al marido de la Infanta como el condenado con la pena más alta, ya que su exsocio, a quien la Audiencia impuso ocho años y medio de cárcel, ha visto rebajada la pena a cinco años y ocho meses al quedar absuelto del delito de blanqueo de capitales.

 

El Supremo confirma la condena y sitúa a Urdangarin a un paso de la cárcel

Los magistrados consideran probado que el cuñado del Rey se valió de su “situación de privilegio” como “consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado” para obtener en 2005 y 2006 contratos a favor del Instituto Nóos por parte del Gobierno balear. Esta situación privilegiada fue determinante además, según el Supremo, para que esta contratación se llevase a cabo “orillando toda concurrencia, y los condicionantes que podrían derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad”. “Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio”, concluye el alto tribunal.

El tribunal acusa a Urdangarin de ejercer una “eficaz presión” a la que sucumbieron José Luis Ballester (amigo del marido de la Infanta y exdirector general de Deportes de Baleares) y Jaume Matas, de quien los magistrados destacan su “voluntariosa y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas” del marido de la Infanta y el que entonces era su socio. El expresidente regional, condenado a tres años de prisión, aceptó la tarifa y las condiciones de los dos principales acusados “sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas”.

La sentencia solo anula a Urdangarin y Torres la condena por el delito de falsedad por el que les condenó la Audiencia en combinación con delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. Los magistrados no consideran probada la intervención de ninguno de los dos en la documentación falsa elaborada por los funcionarios para justificar los contratos. Esta decisión del tribunal es la que implica la rebaja en cinco meses en la pena impuesta a Urdangarin, ya que el Supremo ha aplicado además la atenuante de reparación del daño que observó la Audiencia de Palma al haber consignado antes del juicio fondos suficientes para hacer frente a todas las responsabilidades civiles e indemnizaciones que se le habían atribuido.

Respecto a la infanta Cristina, la Sala mantiene su responsabilidad como partícipe a título lucrativo en los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración cometidos por su marido, lo que asciende a 136.950 euros. Sin embargo, el alto tribunal anula la indemnización de 128.138 euros impuesta a la hermana del Rey como partícipe a título lucrativo del delito contra la Hacienda Pública por el que la Audiencia de Palma sí la condenó. La consecuencia de esta decisión es que Urdangarin deberá asumir en su totalidad el pago de lo defraudado por los delitos fiscales. Ambos habían consignado ya una fianza ante la Audiencia de Palma, a la que ahora le corresponde hacer la liquidación con la condena firme impuesta por el Supremo.

La Infanta no había recurrido la sentencia de la Audiencia de Palma, pero se ha beneficiado del recurso presentado por la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, a la que el tribunal ha dado en parte la razón.

El Aquarius transferirá 500 migrantes a dos barcos italianos y las tres embarcaciones viajarán a Valencia

http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/12/5b1f61e7468aebca3c8b45ba.html

El domingo, 629 migrantes fueron rescatados por el barco de la ONG Aquarius en un área de rescate de Libia coordinada por el Centro de Coordinación de Rescate (RCC) en Roma. Ayer, el barco estaba a solo 35 millas náuticas de Italia cuando el ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, se negó a abrir sus puertos para los migrantes, alegando que no participaría en el tráfico de seres humanos. Sin embargo, el presidente español, Pedro Sánchez, ha reconocido esta situación como una crisis humanitaria y ha ofrecido el puerto de la ONU en Valencia como un puerto seguro para el barco. A partir de anoche, debido a que el número de personas en el barco excedió la capacidad máxima y hubo mal tiempo, Médicos sin Fronteras (MSF) declaró originalmente que sería inseguro viajar de 3 a 5 días a Valencia. Sin embargo, esta mañana se decidió que el Aquarius transferiría 500 migrantes a otros dos barcos italianos y que los tres barcos irían a Valencia. Italia, aunque aún se niega a abrir sus puertos, envió barcos con comida y provisiones al Aquarius.

El principal problema en esta situación radica en la negativa de Italia a abrir sus puertos a los migrantes. Según Delores Delgado, Ministra de Justicia, esta situación no es solo una cuestión de humanidad porque están en juego muchas vidas, sino también una cuestión de responsabilidad internacional. Según las autoridades de la Unión Europea y la ONU, tales situaciones deberían manejarse en solidaridad y varias figuras de autoridad dentro de la UE ya han condenado a Salvini por violar el derecho internacional. Sin embargo, es posible que la legislación sobre asilo cambie en el futuro cercano porque Pedro Sánchez tendrá la oportunidad de defender la reforma del sistema de asilo en la reunión del Consejo Europeo de Jefes de Gobierno a fines de mes.

Preguntas a considerar:

Al ofrecer su puerto y abrir su país a los migrantes libios, ¿Creéis que España hizo lo correcto? ¿Qué consecuencias podría haber para el gobierno español y Valencia?

Aunque parece una negativa inhumana a abrir los puertos de Italia, ¿veis alguna validez de las razones o acciones de Salvini?

¿Creéis que Italia debería ser castigada por la Unión Europea por no abrir sus puertos? Si es así, ¿qué castigo debería recibir Italia? ¿Creéis que la legislación de la Unión Europea podría cambiarse para hacer que la ayuda en este tipo de situaciones sea obligatoria?

 

12 JUN. 2018 11:55Video thumbnail
Personal de Médicos sin Fronteras atiende a los inmigrantes del Aquarius. EL MUNDO

El buque Aquarius , que gestiona la ONG SOS Méditerranèe y Médicos Sin Fronteras (MSF), que está a la deriva en alta mar entre Italia y Malta con 629 inmigrantes a bordo, ha decidido finalmente aceptar la oferta del Gobierno de España para ir al puerto de Valencia.

El barco transferirá a dos barcos italianos de rescate a 500 de los 629 migrantesque tiene a bordo para después partir juntos hacia España, país que ha ofrecido los puertos de Valencia y Mallorca como lugares seguros para realizar el desembarco.

MSF Sea

@MSF_Sea

The is now receiving supplies, coordinated by Rescue authorities. The intention of the Italian MRCC is to transfer some people from the to Italian ships & head to , together. calls for people’s safety to come before politics. pic.twitter.com/B6onGWvq19

MSF Sea

@MSF_Sea

This plan would mean already exhausted rescued people would endure 4 more days travel at sea. The better option would be to disembark the rescued people in the nearest port after which they can be transferred to or other safe countries for further care & legal processing. pic.twitter.com/yVeCsVPcct

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Esta es la “intención” de las autoridades de rescate italianas, después de que el Gobierno de aquel país se negase este lunes a permitir el desembarque de los migrantes rescatados en su territorio, según han informado Médicos Sin Fronteras en su cuenta en la red social Twitter y el médico de abordo y portavoz en el Aquarius Aloys Vimard en declaraciones a Onda Cero que recoge Europa Press.

“La intención y el plan actual es transferir a 500 personas en dos barcos italianos (militares) de manera que 129 se quedarían aquí y todos juntos navegaremos a salvo a Valencia. Estamos muy cansados, pero también hay mucha gente aquí con ansiedad y frustrados y esperemos pronto poder llevarlos a un puesto seguro”, ha señalado Vimard.

Médicos Sin Fronteras

@MSF_Espana

ACTUALIZACIÓN Las personas a bordo están cada vez más ansiosas y desesperadas. ha informado a todos sobre la situación actual. Un hombre ha llegado a amenazar con saltar por la borda diciendo que tenía miedo de que le devolvieran a https://twitter.com/MSF_Sea/status/1006205507919581184 

Entre las personas que viajan a bordo hay 123 niños, 11 bebés y cuatro embarazadas, y personas que en todo caso, necesitan atención tras haber sobrevivido al paso por Libia y el viaje en embarcaciones precarias por el Mediterráneo.

La ONG se planteó en la noche del lunes rechazar el ofrecimiento del Gobierno de Pedro Sánchez debido a la sobrecarga que suponen los 629 rescatados y el mal tiempo, pero han encontrado la solución de transferir migrantes a dos barcos italianos y las tres naves emprenderán el viaje hacia Valencia.

El Aquarius está recibiendo víveres, coordinado por las autoridades italianas de rescate”, que han enviado barcos con suministros para los pasajeros y la tripulación, según detallaba Médicos Sin Fronteras

“El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Italia en Roma (MRCC Roma) planea transbordar a los rescatados más tarde en barcos italianos, tras lo cual emprenderemos juntos el viaje a Valencia”, ha señalado la organización no gubernamental dedicada al auxilio de inmigrantes a la deriva en el Mediterráneo.

SOS MEDITERRANEE France

@SOSMedFrance

🔴 UPDATE 06h14: Des vivres seront livrés sous peu à l’ par un navire italien. Le MRCC Rome planifie de transborder les rescapés plus tard sur des navires italiens après quoi nous mettrons le cap ensemble sur .

Ver imagen en TwitterVer imagen en Twitter

MSF Sea

@MSF_Sea

The is now receiving supplies, coordinated by Rescue authorities. The intention of the Italian MRCC is to transfer some people from the to Italian ships & head to , together. calls for people’s safety to come before politics.

La situación de los 629 inmigrantes continúa siendo “crítica”, según los responsables de la ONG, quienes advierten de que la falta de alimentos es uno de los problemas con los que se encuentran, a pesar del suministro de víveres que han recibido en las últimas horas.

Médicos Sin Fronteras pide “poner la seguridad de las personas por encima de las políticas” y recuerda que este plan significará que personas rescatadas “que ya están exhaustas”, pasen cuatro días más de viaje marítimo.

“La mejor opción sería desembarcar a las personas rescatadas en el puerto más cercano para que después, puedan ser transferidos a España o a cualquier otro país seguro para su protección y su proceso legal”, insiste la organización humanitaria, que viene recordando que el barco se encuentra a 700 millas de Valencia, pero a menos de 30 de los puertos de Italia o Malta.

“No es una cuestión de buenismo”

“Tenemos asumido todos los estados que hemos suscrito tratados internacionales que no es una cuestión de buenismo o generosidad, sino de responsabilidad internacional“, ha explicado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press.

Delgado ha admitido que la situación europea “es complicada” y la solución a la crisis migratoria tiene que venir de todos los Estados, “de los que son frontera y de los que no”.

En este sentido ha insistido en que el desembarco del Aquarius es una “cuestión de humanidad pero también de cumplir con los convenios y tratados de los que todos los Estados son parte”.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha expresado a través de su cuentade Twitter, la disponibilidad del Ayuntamiento a ofrecer alojamiento a 20 familias, hasta un máximo de 100 personas, de los refugiados que se hallan en el Aquarius.

Manuela Carmena

@ManuelaCarmena

En el Ayuntamiento de Madrid estamos dispuestos a ofrecer alojamiento para 20 familias, hasta un máximo de 100 personas, para los refugiados que hay en el buque . Esperemos que con la ayuda de todos esta situación se resuelva pronto.

Pedro Sánchez ofreció el lunes a la ONU Valencia como “puerto seguro” para el barco ‘Aquarius‘, cuya entrada a Italia fue impedida por el nuevo ministro del Interior, Matteo Salvini.

Así lo anunció el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, que aseguró que se lo había comunicado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. “Me ha comunicado que el Gobierno situará el puerto de Valencia como el puerto seguro para esta operación humanitaria que el gobierno de España va a emprender de la mano de la ONU”, dijo Puig, que ha asegurado que es una buena noticia para España y Valencia, que son consideraros abiertos y hospitalarios.

Los dirigentes nacionalistas corsos, que están en el poder en las instituciones regionales de la isla, propusieron acoger el Aquarius tras considerar que las condiciones meteorológicas y la larga distancia hasta España son serios inconvenientes dada la situación de “urgencia”.

Gilles Simeoni

@Gilles_Simeoni

Manque de vivres, mauvaises conditions météo, et port espagnol trop éloigné : face à l’urgence, le Conseil exécutif de Corse propose à @SOSMedFrance d’accueillir l’ dans un port

El presidente del consejo ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni, sugiere, en su cuenta de Twitter, a la ONG francesa SOS Mediterranée, que ha fletado el barco, “acoger el Aquarius en un puerto corso”.

Horas antes, el presidente de la Asamblea regional, el independentista Jean-Guy Talamoni, en otro mensaje en la misma red social afirmó que “Europa debe tratar de forma solidaria la cuestión humanitaria”.

“Teniendo en cuenta la localización del navío y la urgencia, mi opinión es que sería natural abrir un puerto corso para socorrer a esas personas desamparadas”, añadió Talamoni.

El Aquarius se encuentra detenido en el Mediterráneo desde el pasado domingo con las 629 personas que habían rescatado en las dos jornadas anteriores porque el Gobierno de Italia, cuyas autoridades de rescate habían transferido al barco humanitario a parte de esos migrantes, negó autorización para su desembarque en puertos italianos.

Pese a que Italia ha negado el desembarco, sí ha permitido que su Guardia Costera lleve al puerto siciliano de Catania (sur) a 937 inmigrantes rescatados el domingo, informa Efe.

La España al revés o por qué el más rico es el que más protesta

http://www.lavanguardia.com/economia/20180611/444218270393/gps-espana-al-reves-mas-rico-bilbao-mas-protesta.html

Como el articulo sugiera, protestas en España es una ocurrencia usual, pero es importante notar quién está protestando. Desde las protestas sobre los puestos de trabajos en el año 70 hasta las protestas para reivindicar el derecho a decidir en el día presente, estas protestas son parte de la cultura de movilización en España. Sin embargo, estas protestas no están dispersas geográficamente porque las protestas son concentrados en el País Vasco, Catalunya, Madrid o Asturias. Por lo general, en regiones donde existe el mayor ingreso per cápita en España. La clase media es mas asociada para movilizar para sus causas en España porque ellos tienen una estructura productiva en estas regiones. Los desposeídos en regiones como Andalucía y Extremadura tienen menos probabilidades de estar vinculados a las protestas en España porque, históricamente, sus economías son menos estables, lo que los lleva a ser débiles en la organización de los movimientos sociales.

Sin duda, hay muchas implicaciones que viene con esta diferencia entre regiones ricos y regiones marginados en relación con las protestas. Lugares como vasco tienen experiencia con logres de mejoras sociales que resultan sus protestas a diferencia de las regiones que son menos conocidas por las protestas. El articulo nota que en las regiones menos movilizadas históricamente tienen la precepción que las mejoras sociales son debidas de las personas en el gobierno, no por su propia autonomía. Esto en su mismo pude ser peligroso por que los problemas en regiones marginadas no sobresaltan en comparación a los problemas de las regiones urbanas industrializadas.

 

¿Que pensáis sobre las condiciones de movilizaciones en España en comparación de los Estados Unidos?

¿Vosotros pensáis esta tendencia histórica va a cambiar pronto en las regiones?

¿Que ejemplos de protestas has mirado en las noticias recientemente y que implicaciones tiene para poblaciones menos afortunadas?

Lunes, toca acercarse a cada ayuntamiento para revindicar unas pensiones dignas ajustadas al IPC. Un lunes al mes llega la concentración colectiva en las escaleras del consistorio de Bilbao.

Tras los últimos casos de abusos sexuales, a los gritos de los jubilados se unen voces aclarando que ‘no es no’. Días antes miles de personas ocupaban a lo largo y ancho la Gran Vía, la arteria que cruza de lado a lado la capital vizcaína, para reclamar –por fin– la igualdad de hombres y mujeres.

Antes del8-M, y antes de la actual lucha por las pensiones, muchos de los que hoy reivindican sus derechos como jubilados o mujeres ya alzaban su voz en la crisis de los años 70 y 80; en la larga reconversión industrial; durante la transición. A ellos se unen ahora los jóvenes.

La concentración habitual de los lunes convocada por los colectivos de jubilados para reivindicar pensiones dignas

La concentración habitual de los lunes convocada por los colectivos de jubilados para reivindicar pensiones dignas (Javier Zorrilla / EFE)

Ayer como hoy el País Vasco coge protagonismo en las protestas sociales y económicas.

Hoy como ayer, el País Vasco es de los territorios con mayor renta per cápita de España.

Y la clave, según los expertos, de que una cosa y otra encajen sin descarrilar está en su industria. Junto a ella, en tener untejido asociativo consolidado y una cultura de la movilización que no ha desistido de alzar la voz –ni en las mejores ni peores etapas.

Las protestas en los astilleros Euskalduna de Bilbao en noviembre de 1984

Las protestas en los astilleros Euskalduna de Bilbao en noviembre de 1984 (MO – J.A. Miranda (Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, UCM))

Quién no se acuerda de las protestas a lo largo de la ría de Bilbao en los años 70 y 80 entre nubes de humo, trabajadores con la cara tapada, cargas policiales, tirachinas con tornillos, cortes en las líneas de tren de Cercanías, pintadas, gritos reivindicando mantener los puestos de trabajo y la vigencia de la siderurgia, los astilleros y su industria auxiliar o la minería, en la base de la economía española. E igual se repetía en Vigo. O Gijón. También en Cádiz.

Lo recuerda Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco: “El País Vasco, junto con Catalunya, Madrid o Asturias, por su concentración industrial y tener una clase obrera históricamente más organizada, ha sido uno de los lugares donde más protagonismo ha tenido la movilización social, y ya desde la segunda mitad del franquismo, o durante el tardofranquismo y a lo largo de los años de la actual democracia. Ahora ha vuelto a sorprender con la gran asistencia a manifestaciones de jubilados y de pensionistas”.

Hoy Euskadi tiene una de las rentas per cápita más altas de España, y se ubica al otro extremo de por ejemplo Andalucía o Extremadura. En cambio, ello no le ha hecho ‘moderar’ su ruidoso protagonismo y éste se ha amoldado a las demandas del actual siglo XXI. La última, por la revalorización de las pensiones. Con ella, poner en valor el papel de la mujer. Todas ellas reuniendo a miles de personas en un mapa que sigue muy de cerca la senda de las zonas industriales y protestas que ayer ocupaban las calles defendiendo sus puestos de trabajo.

“Los desposeídos no son los que más se asocian y se movilizan, sino la clase media”, resume José Manuel Lasierra, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y actual presidente del Consejo Económico y Social de Aragón. Una “élite”, según cita, de entre los trabajadores de toda España que se beneficia de lo que Eduardo Rojo Torrecilla, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, detalla con, “de una parte, haber tenido un potente movimiento sindical y una estructura productiva que en el País Vasco consiguió durante años dar estabilidad al empleo (una gran mayoría eran trabajadores con contratos indefinidos) y buenos sueldos; de otra, aunque haya cambiado parcialmente esta estructura, los trabajadores luchadores de los años 80 son ahora los pensionistas luchadores de la segunda década del siglo XXI, que reivindican –con la misma fuerza y empuje de cuando eran trabajadores por cuenta ajena– pensiones de una cuantía que tenga una relación real con sus anteriores salarios. Además, siguen contando tras ellos, o junto a ellos, con un movimiento sindical de los más potentes en toda España”.

Y así lo reflejan los datos.

Los desposeídos no son los que más se asocian y se movilizan, sino la clase media

José Manuel Lasierra

Profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y presidente del Consejo Económico y Social de Aragón

Euskadi es la Comunidad Autónoma con la segunda renta per cápita más alta de España. También una zona donde se concentran las movilizaciones y las protestas. A su vez, de los lugares donde más intensa es la afiliación sindical –y cuando el mapa de sindicalización se solapa con las zonas en las que históricamente se ha concentrado la industria en España. En particular, siguiendo las costas. Sobre todo en el cantábrico. Mientras en el sur decae, como igual (sorprendentemente) pasa en zonas de gran relevancia económica como Catalunya y Madrid (como su densidad demográfica lo atestigua; también por ser polo de atracción de inmigración interna o internacional, ayer como hoy).

Los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida (de 2010, pues el Gobierno eliminó desde entonces la pregunta) da una sindicalización media para España de cerca del 17% del total de trabajadores. En el País Vasco ronda el 22%. Aún es superior en Asturias, o Galicia y Cantabria.

Y todo ello se une, a su vez, y como nos recuerda Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, con que “las zonas urbanas industriales tienen pensiones más altas”.

Pero también él nos aclara que, en términos agregados, el País Vasco hoy es una economía de servicios como el resto de las Comunidades en la que como mucho la industria conserva “algo más” de relevancia, pero poco más. Además, igual de industrial era Vigo, que vivió una paralela y “quizás no tan exitosa” reconversión industrial y hoy apenas ve las protestas que sí acoge Bilbao. O en zonas de Cádiz, donde tampoco se dan, “aunque podían haber ocurrido”. Y tampoco pasa en otras zonas industriales y fuertemente sindicalizadas como pueda ser Asturias, por ejemplo, donde la minería lleva tiempo en declive. Ni en Catalunya y Madrid, sea por magnitud o continuidad.

Por eso que, más allá del pasado industrial, o por mayor afiliación sindical, los expertos destaquen al unísono la amplitud y variedad sindical vasca, con un fuerte componente autonomista-nacionalista de la mano de ELA-STV y LAB a la vez de la presencia de las centrales estatales UGT y CC.OO. en un territorio con movilización constante desde hace décadas, ya sea por cuestiones socioeconómicas que políticas.

Pero en Catalunya o Galicia también hay sindicatos nacionalistas, aunque –en general– tienen una presencia escasa y muy minoritaria. Y por eso que otros analistas se fijen sobre todo en lo que analiza Lasierra: en un entorno industrial hay más posibilidades de movilizarse y de formar grupo porque la temporalidad tiende a ser más alta en el sector servicios que en la industria y por eso la facilidad en esta última de generar una conciencia de grupo. Y en el País Vasco, además, la protagonista lo es la industria no ligera, la máquina y herramienta, no tanto el calzado o la juguetería como en otras partes de España.

Los trabajadores luchadores de los años 80 son ahora los pensionistas luchadores de la segunda década del siglo XXI

Eduardo Rojo Torrecilla

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Autònoma de Barcelona

Parecido se expresa Luis Bouza, profesor contratado de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid: “Entre las razones estructurales están la [alta] renta y tradición de organización sindical. Y en general sabemos que las zonas de este tipo suelen presentar un mayor nivel de asociacionismo y redes de solidaridad –lo que algunos llaman capital social– que se pueden activar ante las movilizaciones. También las movilizaciones del pasado dejan un repertorio de acción colectiva que se puede recuperar con cierto éxito. Sin embargo, todo esto solo son condiciones que facilitan la movilización. Aunque es llamativo, porque, en general, es más difícil movilizar a la gente para defender todas las pensiones que para demandar algo que beneficia a un grupo concreto”.

Rivera, por eso mismo, recuerda que los jubilados vascos tienen más experiencia en la relación causa-efecto entre la movilización y el logro de mejoras sociales, y por eso son conscientes de la renovada necesidad de movilizarse para mantener y mejorar esos logros. “En otras regiones menos movilizadas históricamente se tiene una mirada más ‘fatal’, más inclinada a pensar que las mejoras sociales son dádivas que vienen ‘de arriba’ en lugar de pensar que son consecuencias de la presión ‘de los de abajo’”, concluye.

Las zonas urbanas industriales tienen pensiones más altas

Santos Ruesga

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid

En Bilbao se unen pensionistas, mujeres y jóvenes. Y en sus protestas ellos mismos destacan la coordinación unitaria, sin exclusiones, de la mano sindicatos, asociaciones y un largo etcétera pero sin apropiarse ninguno de ellas en exclusiva. Ante lo que Pere J. Beneyto, profesor titular de Sociología de la Universitat de València, añade: “En el País Vasco hay más redes asociativas y comunitarias: de sindicatos, partidos, pero también gastronómicas, etc. Su mayor densidad es un hecho. Se ha mantenido con fuerza una solidaridad primaria. Y por eso también la intergeneracional más que en otras partes del país. Además de que el tamaño importa y ser un territorio pequeño, con una red de ciudades medianas, refuerza vínculos”.

Es más, más allá del titular sobre el activismo vasco, todos los expertos se centran en la realidad de una mayor movilización y conflicto social centrado, sobre todo, en Bilbao y en las márgenes de su ría; mucho menos en el resto de Euskadi –y por ejemplo ponen a Gipuzkoa, territorio también industrial mucho menos movilizado. El área metropolitana de Bilbao –que no Bilbao, ciudad que apenas tiene unos 350.000 habitantes– protagoniza los titulares. Su red urbana, eso sí, concentra a cerca de la mitad de la población del País Vasco, sobre el millón de habitantes de los poco más de dos millones totales.

En otras regiones menos movilizadas históricamente se tiene una mirada más ‘fatal’, más inclinada a pensar que las mejoras sociales son dádivas que vienen ‘de arriba’ en lugar de pensar que son consecuencias de la presión ‘de los de abajo’

Antonio Rivera

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco

La consecuencia de todos estos factores se ve cada lunes en la pantalla de los televisores. Los pensionistas bilbaínos de hoy, los trabajadores industriales de ayer, una generación que hace más de 30 años protagonizaba las huelgas de la reconversión en siderurgias, astilleros y un largo etcétera, insisten en reclamar cambios y mejoras incluso tras el acuerdo presupuestario para el incremento de las pensiones entre el hasta hace poco gobernante Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Un conflicto en un sistema general español en el que la pensión máxima es como mucho cuatro veces la mínima y en donde los extrabajadores industriales y sus pasados salarios todavía marcan la senda entre los casi 10 millones de jubilados totales y una fuerza laboral que ronda los 18-19 millones.

“Hay una tradición de movilización en determinadas zonas industriales, además de que el País Vasco fue el eje del movimiento sindical en los años de la dictadura. A su vez corresponde con los trabajadores que de más renta han dispuesto. Y a ello se suma un mayor tejido asociativo. Así los que se movilizan no son los que tienen pensiones más bajas sino medio-altas”, resume por su parte Lasierra. Y como señala Rivera, “el éxito de las movilizaciones de los primeros días de este año ha servido de estimulante para mantener esos niveles en las posteriores. Algo muy parecido ha pasado con otros sectores, como las mujeres y sus movilizaciones en demanda de la igualdad de consideración con los varones”.

Las protestas ponen sobre la mesa la España plural. A menudo ésta también es la España al revés.

Las ‘mafias del Rivotril’ ganan decenas de millones con recetas públicas

https://politica.elpais.com/politica/2018/06/09/actualidad/1528565381_153670.html

En los años recientes, se ha producido un aumento con el comercio y de drogas en España y esto es un problema muy grave para la salud pública de España.  Hay un negocio de más de 100 millones de euros en el tráfico de “Rivotril,” una droga suscripción.  Los crimenes organizados abusan del sistema por crear las recetas falsas y utilizar los “machacas” o “mochileros” para comprar el Rivotril en ciudades varios por todo de España.  Entonces, transportan las medicinas a Marruecos y lo venden por entre de 200 y 300 euros por cada caja de 60 comprimidos.

A pesar de los esfuerzos para parar a las bandas, la Policía Nacional y Guardia Civil no pueden parar el comercio nacional de esta droga a causa de la existencia de una gran red criminal.  El mercado negro de Rivotril es perjudicial a la gente que realmente necesite el Rivotral y el sistema de la asistencia sanitaria dentro de España.  Los intentos parar las recetas falsas, que se han convertido casi indistinguible a las recetas reales, puede resultar en el daño de pacientes reales.

Aun así, el comercio de Rivotril es solamente un ejemplo de un problema mayor que España se trata con cuando se viene a drogas.  Como el comercio de drogas se crece, más arrebatos violencia se ocurren en el sur de España y más jóvenes trabajan en la industria.

¿Qué pensáis que podría hacerse para impedir al crecimiento del comercio droga?

¿Pensáis que esto debería ser una prioridad del gobierno?  ¿Si no, entonces qué debería una prioridad del gobierno?

 

Una caja y su receta de Rivotril 2 miligramos en una farmacia de Barcelona.
Una caja y su receta de Rivotril 2 miligramos en una farmacia de Barcelona. ALBERT GARCIA

El tráfico ilegal de Rivotril, un potente ansiólítico obtenido en las farmacias con recetas falsas y vendido luego en Marruecos, se ha convertido en un negocio de más de 100 millones de euros al año, según cálculos policiales. Unos beneficios subvencionados en parte por el Sistema Nacional de Salud por el uso de decenas de miles de prescripciones robadas a la red pública. En la Comunidad de Madrid, la acción de las mafias ha disparado un 113% el consumo de Rivotril 2 miligramos cofinanciadas por la sanidad pública, según ha podido saber EL PAÍS.

En su viaje desde las boticas españolas a los barrios populares de Marruecos, donde es consumido con hachís en una droga llamada karkubi, el Rivotril —marca comercial del clonazepam, de los laboratorios Roche— no solo cambia de continente. También pasa de ser un fármaco barato y sometido a la estricta regulación de los psicótropos a un producto estrella del mercado negro cuyo precio se dispara varios cientos de veces.

Una caja de 60 comprimidos de 2 miligramos —la preferida en el mercado negro, al ser la que más principio activo contiene— cuesta en la farmacia 1,08 euros con receta pública y 2,7 euros si esta es privada. “En Marruecos la venden por entre 200 y 300 euros”, informan fuentes de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Finalmente, las pastillas se acaban vendiendo en la calle a entre 5 y 8 euros la unidad. El gigantesco negocio que estas cifras suponen se acerca “a los 100 millones de euros al año”, calcula Javier Molinera, inspector jefe de la Sección de Consumo, Medioambiente y Dopaje de la Policía Nacional.

Todas las fuentes consultadas destacan que el tráfico de Rivotril se ha disparado en los últimos años, aunque resulta casi imposible hacer una estimación precisa de las cajas captadas por los traficantes y del porcentaje de ellas adquiridas con recetas públicas. Roche no informa sobre las ventas del fármaco en España y las administraciones —Ministerio de Sanidad y las comunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid, las tres más pobladas— tampoco ofrecen datos de las recetas cofinanciadas por la sanidad pública.

Alijo de Rivotril oculto en el motor de un coche.
Alijo de Rivotril oculto en el motor de un coche.GUARDIA CIVIL

Las cifras obtenidas por este diario, sin embargo, confirman un escenario preocupante. Solo en la Comunidad de Madrid —con 3.000 de las 22.000 farmacias españolas—, las ventas de Rivotril 2 miligramos pagadas en parte por la sanidad pública han pasado de 75.000 cajas en 2015 a 160.000 el año pasado, confirman fuentes sanitarias. Un crecimiento “solo explicable por la actividad de estas bandas”, añaden estas fuentes. Javier Molinera comparte esta apreciación: “Un solo grupo de los que hemos desarticulado colocó 50.000 recetas falsas”, explica. Y ofrece otro dato llamativo: “Cada año son robadas más de 25.000 recetas a la red sanitaria pública y en su mayoría acaban en manos de las bandas”.

El karkubi no es una droga nueva en Marruecos —tampoco el tráfico a pequeña escala de benzodiazepinas—, pero las autoridades detectaron que algo nuevo e importante ocurría a principios de 2016. El 7 de enero, un control rutinario de la Guardia Civil de Ceuta descubrió más de 26.000 comprimidos de Rivotril 2 miligramos en un coche procedente de Algeciras. “Nos sorprendió el tamaño del alijo y que todas las pastillas fueran iguales. Lo habitual eran incautaciones menores y de fármacos diferentes”, explican fuentes de la Guardia Civil. En esas mismas fechas, la Policía Nacional interceptó decenas de recetas y cajas del fármaco en Madrid. “Era evidente que los grupos habían puesto el foco en él”, añade Javier Molinera. Una razón que explica la preferencia de estos grupos por el Rivotril, además de su potente efecto, es “la gran rapidez con la que actúa sobre los receptores cerebrales”, apunta Luis Amaro, secretario general del Consejo de Colegios Farmacéuticos.

Tras más de dos años de investigaciones y constantes detenciones, Policía Nacional y Guardia Civil destacan la dificultad de frenar a unas bandas con una gran capilaridad sobre el territorio nacional. “No son grandes estructuras jerarquizadas, sino células y canales informales que van cambiando, moviéndose y sustituyéndose tras cada detención”, explica Javier Molinera. “Cualquiera que lleve Rivotril a Marruecos logra venderlo. Existe una gran demanda y en España siempre habrá gente dispuesta a satisfacerla.”

Las recetas falsas son la base que aguanta todo el negocio. Investigadores y colegios de farmacéuticos distinguen tres fases en la forma como estos grupos las han obtenido. “Primero eran recetas falsas privadas”, apunta la Guardia Civil. “Eran copias algo burdas que, sin la conciencia del problema que hay hoy, a veces pasaban por buenas”, explica Óscar López, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.

La irrupción masiva de recetas públicas marcó el inicio de la segunda fase. “Hubo un gran robo de talonarios en un centro de salud de Algeciras. Aprendieron a cumplimentarlas y durante meses estuvieron circulando”, explica Alberto Virués, del Colegio de Cádiz. Robos similares, aunque de menor tamaño, se han repetido en muchos puntos de España, confirman fuentes policiales.

La fase más reciente está protagonizada “otra vez por recetas privadas, pero ahora son casi imposibles de diferenciar de las buenas”, relata Óscar López. El cambio se debe “al aumento de los controles y a la extensión de la receta electrónica, que dificulta el uso de las recetas públicas”.

Si la forma de conseguir las recetas falsas ha cambiado con el tiempo, la de hacerse con el fármaco  sigue siendo la misma. Es la función del eslabón más bajo de las bandas, los “machacas” o “mochileros”. “Van con decenas de recetas a barrer zonas, donde visitan todas las farmacias”, explica la Guardia Civil. Estas personas reciben 10 euros por caja lograda.

Las constantes visitas de los “mochileros” se han convertido en una pesadilla para los farmacéuticos. “Es un acoso. No hemos tenido un problema así en muchos años”, afirma Óscar López. La presión empezó en las provincias cercanas al Estrecho, irrumpió luego en Madrid y ha acabado extendiéndose al resto de España. En Cataluña, por ejemplo, las bandas tardaron más en actuar, pero han llegado con fuerza. El Colegio de Farmacéuticos de Barcelona registró en 2015 un solo aviso por intento de comprar Rivotril con receta falsa. Al año siguiente, fueron 31. En 2017, 117. Y en los cuatro primeros meses de este año ya van 166.

Farmacéuticos, administraciones y policías confían ahora en que el trabajo de coordinación de los dos últimos años dé sus frutos. “Cada receta es mirada con lupa. Pero el problema durará, sobre todo con las privadas. Hay que mejorar los canales de comunicación hasta que podamos saber casi al momento si el médico ha hecho realmente la receta”, concluye Luis Amaro.

Mientras, los boticarios recurren a pequeñas argucias. “Aunque la receta sea perfecta, lo mejor es hacer preguntas al comprador e insistir sobre sus datos personales. Si se sienten vigilados, suelen irse”, explica Óscar López. “Y en caso de duda, les decimos que no lo tenemos. Aunque hay que ser muy cauto con esto. Para quien lo necesita, el Rivotril es muy importante y no podemos arriesgarnos a dejar sin el fármaco a quien lo necesita”, concluye.

Las medidas que Iglesias le exige a Sánchez costarían 4.200 millones de euros

http://www.abc.es/espana/abci-medidas-iglesias-exige-sanchez-costarian-4200-millones-euros-201806050354_noticia.html

Después de la crisis económica en España, un grupo de izquierda surgió con una velocidad increíble. Aprovechando la insatisfacción con el gobierno después de la crisis, el grupo se llama “Podemos” y fue fundado por un grupo de profesores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El líder del grupo, un joven profesor, se llama Pablo Iglésias. Podemos lucha contra las políticas neoliberales, como la privatización de los servicios públicos y las medidas de austeridad. Las propuestas originales del grupo incluyen la implementación de un programa de renta básica, la limitación estricta de los gastos en campaña electoral, y la prohibición de la privatización del sistema público de pensiones. Podemos es muy popular y ha recibido mucho apoyo de la juventud. Pero, hay muchos críticos del grupo, desde la izquierda y el derecho. Por ejemplo, la madre de mi familia española me dijo que el grupo es populista y sus propuestas son peligrosas porque cuestan mucho.

Este artículo de ABC, un periódico conservador, enfoca en las demandas que Podemos le dio al nuevo presidente de España. Podemos quiere reformar el sistema de los pensiones, eliminar el factor de sostenibilidad, y implementar permisos de maternidad y paternidad más largos. Sin embargo, es muy probable que haya una resistencia significativa en el gobierno, debido al costo. Este artículo es un buen ejemplo de los tensiones generados por el nuevo grupo y el conflicto entre las esfuerzas de izquierdas y las fuerzas más conservadoras o neoliberales en el gobierno. 

 

¿Qué pensáis sobre las demandas de Podemos? ¿Son realistas?

¿Porque pensáis que su mensaje es tan atractivo para mucha gente?

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados

Pablo Iglesias le dio el apoyo de los diputados de Unidos Podemos a Pedro Sánchez en la moción de censura sin condiciones, pero echar a Rajoy no es lo mismo que gobernar. El día que el PSOE registró la moción en el Congreso, el líder de Podemos manifestó dos cosas: que estaba dispuesto a entrar en el Gobierno y que quería de Sánchez un programa político.

Ayer, los de Iglesias anunciaron sus dos primeras exigencias al nuevo Ejecutivo. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, pidió a Sánchez que en el primer Consejo de Ministros que presida estén sobre la mesa la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC y la derogación del factor de sostenibilidad, y la implantación de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles a 4 meses –las madres disfrutan en la actualdiad de 16 semanas y los padres, de 6–. A su juicio, el triunfo de la moción de censura que hizo presidente al líder socialista no es producto del trabajo de ningún partido, sino «de las movilizaciones y la ciudadanía de este país, las mujeres y los pensionistas». Por eso, «las primeras tareas que Sánchez debe acometer deben hacer honor a esa ciudadanía movilizada que es la principal protagonista del cambio».

Las exigencias que plantea Podemos son dos de las medidas estrella que el partido ha registrado en el Congreso de los Diputados. Ambas fueron vetadas por el Gobierno, que cifraba el coste de cada una de ellas en más de 2.000 millones de euros; vetos que posteriormente fueron ratificados por la Mesa de la Cámara Baja con los votos del PP y de Ciudadanos.

Al ser preguntado sobre la dificultad que puede tener Sánchez para incluir estas medidas con unos Presupuestos ya aprobados en el Congreso, Echenique advirtió de que el presidente del Gobierno «tiene margen» para incluirlas en las actuales cuentas, y se refirió a la posibilidad de incluirlas en las partidas de gastos extraordinarios de los Presupuestos, «que se pueden aplicar ya mismo en cuanto se aprueben». El secretario de Organización también instó al nuevo Gobierno a comenzar en las próximas semanas las negociaciones para aprobar el techo de gasto de 2019, la primera piedra de los Presupuestos del próximo año.

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